La ONU dice que Bolivia es un centro de operaciones para carteles internacionales de droga
“No estamos
hablando de carteles bolivianos, estamos hablando de organizaciones (...) de
otros países y que operan con la anuencia, con el consenso de organizaciones
locales”, indicó Mónica Mendoza, representante de la ONU contra la droga y el
delito
Bolivia se
convirtió en los últimos años en un “hub” o centro de operaciones para los
carteles de droga, algo que el Gobierno de Rodrigo Paz ha reconocido y cuyo
abordaje representa una oportunidad para “mejorar” la lucha antinarcóticos,
afirmó la representante en el país de la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (Unodc), Mónica Mendoza.
Mendoza mencionó
que en Bolivia se ha identificado “una dimensión de expansión de carteles” como
el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, las organizaciones
delictivas brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho
(CV), al igual que grupos criminales peruanos y colombianos.
Esto se evidencia
en la cantidad de detenidos de esas nacionalidades en cárceles bolivianas “y
que están relacionados con el cuadro de operaciones de mando” de las
mencionadas organizaciones, añadió.
Según Mendoza, a
esto se suma un incremento “significativo” de los casos de “sicariato” o
ajusticiamientos, que muestran que estos grupos “están confrontados” y “están
peleando por territorios”.
Desde hace
algunos meses, los asesinatos por encargo han sido recurrentes en las zonas
fronterizas con Brasil, lo que obligó al Gobierno boliviano a movilizar al
Ejército y a grupos de élite para reforzar la seguridad.
“Sí hay presencia
de carteles. No estamos hablando de carteles bolivianos, estamos hablando de
organizaciones (...) de otros países y que operan con la anuencia, con el
consenso de organizaciones locales”, indicó.
Para Mendoza,
Bolivia ya no puede verse solo como productor de materia prima o territorio de
tránsito, porque el problema “es mucho más complejo”: se da una “confluencia”
de delitos como el contrabando, la trata de personas, la corrupción y la
minería ilegal, al modo de un “holding” o consorcio empresarial del crimen.
Además, se suma
el incremento de los cultivos de hoja de coca que, según el último informe de
la Unodc presentado en septiembre, subieron un 7 %, de 34.000 hectáreas en 2024
a 36.400 en 2025.
Bolivia, donde la
hoja de coca tiene un uso tradicional y ancestral, es el tercer productor
mundial del arbusto, por detrás de Colombia, que en 2024 registró 261.000
hectáreas de cultivo, y Perú, que en 2025 reportó 84.546 hectáreas, según los
informes de la Unodc.
Durante los
Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), las entonces
autoridades negaron la presencia de carteles o ‘peces gordos’ del narcotráfico
en Bolivia y aseguraron que las operaciones ilícitas se restringían a supuestos
“emisarios” o clanes locales.
La Administración
de Paz, que está próxima a cumplir un año de Gobierno, reconoció que en Bolivia
opera el crimen organizado transnacional, y defiende sus acciones para
combatirlo y que permitieron las capturas de “capos” del narcotráfico, como el
uruguayo Sebastián Marset, detenido en marzo pasado y enviado a EE.UU.
Mendoza sostuvo
que el narcotráfico en Bolivia “no” se maneja a “un nivel bajo”, algo que se
evidencia en casos como el de Marset.
Para la
representante, la captura del uruguayo también supuso el fin de la “narcopaz”,
una especie de tregua en la que las organizaciones criminales conviven en calma
porque tienen distribuidas rutas, funciones y territorios, lo que, según dijo,
da la impresión ante la población de que el problema no existiría.
Además, en
Suramérica “existe una política de expansión e infiltración del crimen
organizado” que ha “penetrado algunas instituciones” de la Justicia, lo que se
“transforma en una red de corrupción” para evitar la persecución del delito,
agregó.
La representante
respondió así al ser consultada sobre la destitución y el encarcelamiento del
exfiscal general de Bolivia Roger Mariaca, quien fue acusado por el Ejecutivo
boliviano de supuestamente proteger al “narcoterrorismo”.
Mendoza explicó
que “negar” que existe esa infiltración en las instituciones sería muy
“complejo”, porque daría cabida a que el narcotráfico “se instale” en ellas y
sea “muy difícil” recuperarlas.
A su juicio, “es
imposible” combatir el narcotráfico a gran escala de una manera “unilateral o
solamente bilateral”, por lo que “uno de los retos más importantes que tiene
Bolivia” es tener una respuesta “integral” al problema. Mendoza consideró
necesario perseguir el crimen y sus finanzas y luchar contra sus capacidades
operativas para detener el avance de las grandes organizaciones criminales en
Bolivia.
También hizo
hincapié en que Bolivia avance en la aprobación de normas “antilavado” de
dinero o de extinción de dominio, además de que la Justicia dicte sentencias en
casos de narcotráfico, que hasta ahora han sido “muy pocas”.
El Gobierno de
Paz dio un giro a la política antinarcóticos de Bolivia al permitir nuevamente
la colaboración de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA),
que fue expulsada del país en 2008 por Evo Morales, además de firmar un acuerdo
con el Gobierno estadounidense y sumarse al Escudo de las Américas para la
lucha contra el narcotráfico.